La millonaria maquinaria mediática, el costo de la propaganda oficial

Si al encender la televisión o revisar tus redes sociales encuentras información sobre los logros de funcionarios o del gobierno replicada masivamente, no es producto del azar. Para que llegue a ti, cada año gastan millones de pesos de recurso público para su difusión.

De acuerdo a la Cuenta Pública estatal en 14 años, entre los gobiernos de Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez, se han gastado 5 mil 477 millones de pesos en servicios de comunicación social, publicidad y propaganda, con una tendencia al alza. 

Entre 2011 y 2016 la administración de Eruviel Ávila aplicó mil 066 millones de pesos a dicho fin, Alfredo del Mazo alcanzó los 3 mil 693 millones de pesos entre 2017 y 2023, mientras que Delfina Gómez Álvarez ya suma 717.5 millones en dos años. 

Con ese dinero público, no se realizaron obras ni se atiende a la población vulnerable, se usó para la difusión de boletines oficiales, campañas y contenidos institucionales. La cifra es alta y, aunque la Ley marca un tope de 0.1 por ciento del presupuesto para realizar estas campañas, también se estipula que debe ser transparente y rendir cuentas, pero la opacidad acompaña el gasto, ya que la mayoría de los contratos se mantienen ocultos.

Entre 2023 y 2025 el gobierno ejerció aproximadamente 717.5 millones de pesos para difundir la imagen y acciones de los actores públicos mexiquenses, con recursos dispersados mediante adjudicaciones directas a medios de comunicación de la entidad e incluso de otros estados, de acuerdo con los contratos obtenidos por Código Abierto.

Los contratos de 2023 no son públicos, en 2024, solo revelaron contratos por 372 millones de pesos y para 2025 siguen sin transparentar más información, solo se conocen los fallos, que anticipan un tope presupuestal de 195 millones de pesos, aunque el monto podría ser superior y cuyo destino concreto continúa sin aclararse.

Estos montos superan el recurso destinado a la transparencia, fiscalización, procuración de justicia con perspectiva de género, derechos humanos, desarrollo integral del turismo, cultura física y deporte, entre otros, según la Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos 2025.

¿A dónde va el dinero?

La lista incluye medios consolidados, pero también proyectos con escasa presencia, baja actividad o sin relación con el Estado de México. Uno de los casos más llamativos es el del Periódico Las Voces, que en 2024 obtuvo un contrato por 7 millones de pesos. Su página de Facebook apenas registra 6 mil seguidores; no tuvo publicaciones en 2023, y para 2024 solo sumó 14, además comparten un sitio web que redirige a un portal diferente llamado Voces de Aguascalientes.

El gasto también se ha extendido a campañas fuera del territorio mexiquense. El gobierno desembolsó 35 millones de pesos para difundir spots de 30 segundos en pantallas colocadas en salas de espera de centrales de autobuses de ciudades como Hermosillo, Durango, Saltillo, Reynosa, Torreón, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta y Zacatecas, entre otras.

Uno de los contratos más elevados corresponde a Televisa, que obtuvo 60 millones de pesos para difundir propaganda en Univisión y colocar contenidos tanto en televisión como en revistas de moda y espectáculos como Caras, Cosmopolitan, Esquire, TV y Novelas y Vanidades.

¿Qué tipo de información difunden?

La Ley vigente permite el uso de recursos públicos para informar a la población; sin embargo, también establece obligaciones claras en materia de transparencia y respeto a la libertad de expresión. De acuerdo con la Ley de Comunicación Social, el gasto del programa anual de comunicación, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual.

Con este recurso, el gobierno estatal, a través de su área de comunicación social, emite comunicados oficiales que se publican repetida y masivamente en la prensa, con títulos que resaltan el nombre de las figuras públicas. 

La norma también precisa que la comunicación oficial debe centrarse exclusivamente en programas y acciones públicas, sin difundir de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de servidores públicos, salvo las excepciones previstas en la propia ley. Pese a las reglas, no se cumplen, principalmente en materia de transparencia y máxima publicidad en la contratación y manejo de recursos públicos, así como el respeto a la libertad de expresión y el fomento del acceso ciudadano a la información.