La infalibilidad presidencial y el respaldo oficialista del Congreso
Opinión
La reciente aprobación de la reforma al Artículo 127 de la Constitución abre el debate sobre la noción de infalibilidad presidencial, un tema que históricamente ha estado presente en las democracias.
Esta reforma nace con sus raíces carcomidas, pues atenta contra la seguridad jurídica al establecer una aplicabilidad retroactiva para reducir pensiones previamente garantizadas por los Contratos Colectivos de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo.
Además, resulta selectiva al afectar únicamente a ciertos extrabajadores, considerados en este contexto como de “segunda clase”, al excluir de manera arbitraria a determinadas dependencias y establecer un monto tope sin ningún estudio previo que lo justifique.
El hecho de que esta medida sea respaldada por MORENA y sus aliados en el Congreso bajo la consigna de “apoyo total a la presidenta” plantea serias interrogantes sobre la salud institucional y la vigencia de los principios democráticos.
El Congreso, órgano representativo de la pluralidad social y llamado a ser contrapeso frente al Ejecutivo, se convirtió en un espacio de respaldo automático oficialista.
Al renunciar a su capacidad de fiscalización, se transformó en un mero instrumento de legitimación, donde la mayoría de los legisladores —salvo contadas excepciones— repitieron las falacias de la campaña mediática impulsada en medios y redes sociales.
En esta dinámica de subordinación acrítica, la mayoría oficialista ignoró de manera irresponsable los planteamientos de la oposición, renunciando a su deber de garantizar que las decisiones presidenciales fueran evaluadas con rigor.
De forma igualmente lamentable, los congresos estatales aprobaron la reforma de manera exprés, sin análisis ni debate, exhibiendo así la fragilidad de la institucionalidad democrática.
El camino que se vislumbra es el de un culto a la personalidad, donde la figura de la mandataria se coloca por encima del derecho, la justicia y las instituciones.
La democracia, en cambio, requiere que las decisiones de gobierno estén sujetas a la crítica y al escrutinio constante, pues solo así se evita la concentración del poder y se preserva la legitimidad del sistema.
En este contexto, diputados y senadores —tanto oficialistas como de oposición— deben asumir su responsabilidad de ser un contrapeso real y garante de la pluralidad, evitando convertirse en un eco acrítico del Ejecutivo. Solo de esa manera se podrá preservar la esencia democrática y asegurar que el poder se ejerza en beneficio de México.
